La verdadera libertad de información

A Hans Kelsen,

Los periodistas pueden verse regulados por Ley en unos pocos meses. No es algo por lo que haya que alarmarse ni rasgarse las vestiduras, el ejercicio de muchas otras profesiones liberales también lo están y nadie ha puesto el grito en el cielo por ello. Para desempeñar la labor de arquitecto, abogado o médico es necesario contar con un permiso concedido los Colegios Profesionales respectivos. Estas instituciones constituyen entes privados capaces de sancionar a los trabajadores que están bajo su amparo, y nadie se ha manifestado en contra de ello. ¿Por qué en el supuesto de los periodistas la situación iba a ser diferente?

Lo cierto es que la labor periodística en España está atravesando una etapa de manifiesta decadencia en todos los aspectos. Informaciones no contrastadas, manipulaciones de noticias, precariedad laboral de muchos periodistas, intromisiones en la intimidad sin ningún tipo de escrúpulos, insultos, mentiras con intención, y un sinfín más de irregularidades que a diario inundan los periódicos, las radios, la televisión o Internet. Parece que algo no funciona en la labor periodística actual.

Muchos se oponen al Estatuto del Periodista que se pretende aprobar en el Congreso próximamente, pero, ¿ha propuesto alguno de estos críticos alguna otra solución? Una medida lanzada por voces contrarias a este texto es la llamada autorregulación. ¿Acaso no la hay ya en la actualidad? Es innegable que los medios de comunicación practican a día de hoy la autorregulación. Muchos de ellos cuentan con códigos propios de conducta, otros con Comités de Redacción internos, regímenes de incompatibilidades, convenios sancionadores particulares, etcétera. Pues bien, el resultado de la autorregulación de los medios es la paupérrima situación de la información actual que se ha descrito unas líneas más arriba.

Sin embargo, es lógico que la gran mayoría de los profesionales del periodismo alcen la voz contra una regulación seria. A nadie le gusta quedar sometido a unas reglas de juego concretas, pero en determinadas situaciones resulta necesario. Y el periodismo en España requiere de esa normativización desesperadamente. Los críticos alegan que con la aprobación del Estatuto los poderes públicos podrán intervenir en el ejercicio de la profesión periodística, podrán incluso censurar aquello que les perjudique y se vulnerará la libertad de expresión e información consagrada en el artículo 20 de nuestra Carta Magna.

Nada más lejos de la realidad. La norma que se está discutiendo perfeccionará la libertad de información que en la actualidad es viciada diariamente por aquellos pseudoperiodistas que calumnian, injurian y manipulan sin descanso porque saben de la inmunidad que les protege. Beneficiará al público, puesto que se sabrá seguro de estar recibiendo información veraz y de calidad, y beneficiará también al propio gremio periodístico, ya que gozarán de una reputación bastante más honorable de la que disfrutan ahora debido a las continuas falsedades y manipulaciones que muchos de ellos han venido ejerciendo a lo largo de estos años. Una cosa es el derecho a recibir o comunicar libremente información a través de los medios de difusión, y otra muy distinta el derecho a manipular, mentir, insultar y faltar el respeto a los ciudadanos.

Es cierto que los informadores pueden ser llevados a los Tribunales civiles y penales, pero no es menos cierto que la Jurisprudencia Constitucional, sin ir más lejos, da primacía a la libertad de información sobre el derecho a la intimidad, por ejemplo. Es decir, no son pocos los supuestos donde el periodista irregular ha salido absuelto frente al particular perjudicado en sus derechos legítimos. También resulta indiscutible que en los escasos supuestos donde el periodista en cuestión es condenado a rectificar, dicha rectificación se realiza de una manera muy tangencial, y es seguro que no tiene la mitad de relevancia de lo que la tuvo la noticia falsa.

Otro perjuicio alegado por los periodistas críticos con el Estatuto es la excesiva burocratización que conllevaría su aprobación. Pues bien, estamos saturados de periodistas de boquilla que no han pisado una facultad de periodismo en su vida y que, por si fuera poco, su calidad para redactar o contar historias brillan por su ausencia. Incluso los propios licenciados en periodismo que siempre se habían mostrado en contra del intrusismo que sufría su oficio ahora parece que les incomoda que se regule. Su contradicción clama al cielo.

El periodismo constituye hoy un pilar democrático básico en nuestra sociedad. Su influencia en los ciudadanos es incalculable y su labor como controlador del poder ejecutivo, necesaria. Por ello, los periodistas no pueden actuar irresponsablemente, sin tener que dar cuentas a nadie. Sus actuaciones deben estar reglamentadas convenientemente ya que, como ha quedado claro, los profesionales del periodismo suponen el cuarto poder de los Estados democráticos. ¿Acaso no están regulados los miembros del poder judicial, del poder legislativo y del poder ejecutivo? ¿Por qué no tendrían que estarlo también quienes ejercen un control sobre ellos, como son los periodistas? Y más aún, teniendo presente que éstos no son más que empleados que trabajan por cuenta ajena para empresas de comunicación, para las que priman maximizar sus beneficios económicos apoyando a sus líderes políticos de turno, por encima de ofrecer una información veraz y de calidad a la sociedad.

Otra crítica muy esgrimida por los contrarios a la regulación es la de la creación de un Consejo Estatal de Información, al que se le califica casi como de censor previo al periodista. Pues bien, este Consejo es una institución de naturaleza pública que viene a ser un sustitutivo del Colegio Profesional, de carácter privado. Emanaría del Parlamento, es decir, de la soberanía nacional, de la representación del pueblo, ¿hay algo más democrático que eso?